lunes, 31 de agosto de 2009

Bajarán la mayoría de edad a 18 años

Publicó La Nación
28 de Agosto de 2009

Reforma legal / Avanza la modificación del Código Civil
El proyecto de ley del Congreso sería aprobado en pocas semanas; los jóvenes podrán comprar una propiedad y contraer matrimonio


Jaime Rosemberg

Dentro de pocas semanas, cumplir 18 años habilitará a los jóvenes de todo el país a viajar al exterior, casarse o firmar el contrato de alquiler de su primer departamento sin necesidad del permiso de sus padres.

Ese parece ser el camino irreversible del proyecto de ley, ya aprobado por el Senado en diciembre pasado, que modifica el Código Civil y establece la reducción de la mayoría de edad de los 21 años a los 18, y que ayer obtuvo consenso en la Comisión de Legislación General de la Cámara baja, que preside Vilma Ibarra (Encuentro Popular y Social-Capital).

El proyecto pone a tono la legislación nacional con la de países como Alemania, Canadá, España, el Reino Unido, Chile y Uruguay, y amplía las capacidades de los jóvenes de entre 18 y 20 años (hoy, casi dos millones, según el último censo nacional).

De acuerdo con el nuevo texto, serán consideradas menores de edad "las personas que no hubieren cumplido la edad de dieciocho años".

La posibilidad de contraer matrimonio, de comprar o alquilar una propiedad sin tener que demostrar que es producto de su trabajo ante un escribano y de obtener la patria potestad de sus hijos aun sin estar casado entre los 18 y los 21 años son algunas de las disposiciones de la norma.

Por ende, los jóvenes también seguirán habilitados para ir a la guerra o para tramitar el permiso para portar armas a partir de su cumpleaños número 18.

Los padres o tutores deberán, sin embargo, proveer la manutención de los hijos y su obra social hasta cumplir los 21 años.

Trámite

El proyecto, que nunca había sido tratado por la Cámara baja, quedará listo para ser aprobado en el recinto luego de salvadas algunas modificaciones formales, y podría ser aprobado en un rápido trámite en su obligado regreso al Senado.

De esto conversaron ayer Ibarra y su par de la comisión homónima del Senado, Pedro Guastavino (FPV-Entre Ríos), quien ya dio el visto bueno para que el proyecto, presentado a fines de 2005 por el senador socialista Rubén Giustiniani (Santa Fe), sea aprobado "antes de fines de año", según los cálculos de la diputada.

El proyecto se complementa con una iniciativa parlamentaria similar presentada por el diputado Emilio García Méndez (SI-Capital) y apoyada por todos los bloques.

"La Convención Internacional del Niño establece que se entiende por niño a todo ser humano menor de 18 años de edad. Con estas iniciativas se busca adaptar la legislación nacional a los tratados internacionales a los cuales adhieren la Argentina y los países del Mercosur", afirmó Ibarra a LA NACION.

"Hay jóvenes que necesitan la mayoría de edad para poner un negocio y otros muchachos necesitan la autorización de sus padres para que atiendan a sus hijos en un hospital público", explicó Giustiniani, para quien "es contradictorio que no tengan derecho a ese tipo de decisiones, cuando a los 18 años pueden votar a un presidente o marchar a la guerra, y que se mantenga esa limitación mientras se discute la reducción de la edad de imputabilidad penal".

A pesar del consenso alcanzado ayer, el camino del proyecto fue sinuoso. Presentado en 2005 en el Senado, fue aprobado a fines de ese año, pero Diputados no lo trató hasta que caducó, el año último. El Senado insistió y logró su aprobación en diciembre de 2008, y logró un consenso casi unánime: sólo el kirchnerista Guillermo Jenefes (FPV-Jujuy) se opuso a su aprobación.

Ayer, en la comisión, también se alzaron voces discordantes, como la de Luis Cigogna (FPV-Buenos Aires), y el cuestionamiento se centró en discutir la "madurez" de un joven para tomar decisiones a los 18 años. No parece ser, precisamente, la posición dominante en el Congreso, por lo que el proyecto se encamina hacia su aprobación legislativa.
Los efectos

* Posibilidades . La nueva legislación permitirá a quienes hayan cumplido los 18 años casarse sin el consentimiento de sus padres, firmar un contrato de alquiler o comprar una propiedad, viajar al exterior sin necesidad de permisos, obtener la patria potestad de sus hijos y tramitar un permiso para portar armas. Todas estas facultades están reservadas, por ahora, para los mayores de 21 años.

* Imputabilidad . El proyecto de ley pronto a aprobarse no implica ningún cambio en el Código Penal, con lo cual la edad de imputabilidad no se modifica.

* Manutención . A pesar de los cambios, los padres o tutores deberán proveer la manutención de sus hijos hasta los 21 años, al igual que la cobertura médica.

* Pasos legislativos . El proyecto fue tratado en comisión en la Cámara de Diputados, donde se realizaron modificaciones después de la sanción en el Senado. Se prevé un nuevo tratamiento rápido en la Cámara alta, con las modificaciones, para luego tramitar su aprobación final en Diputados.

* Equilibrar con la región . Buena parte de los países del mundo fijan la mayoría de edad a los 18 años, salvo excepciones. Este proyecto de cambio había sido presentado en el Senado por el socialista Rubén Giustiniani, en 2005, y sólo este año pudo tratarse.

* Aggiornamiento . La Convención Internacional del Niño establece que se entiende como tal a todo ser humano menor de 18 años. Con estas iniciativas, según la opinión de los legisladores, se busca adaptar la legislación nacional a los tratados internacionales a los cuales adhieren la Argentina.

* Alcance . Este proyecto busca ampliar las capacidades de unos dos millones de jóvenes de entre 18 y 20 años que, por ahora, no pueden realizar muchas actividades cotidianas.

viernes, 21 de agosto de 2009

Advierten por malas condiciones de alojamiento en el instituto Caed

Publicó La Voz del Interior
14 de agosto de 2009

El Ejecutivo relativizó las críticas y aseguró que la Justicia aprobó el edificio.

Patricia Cravero
pcravero@lavozdelinterior.com.ar

Falta de espacio, celdas sin luz, insuficiente atención médica y malas condiciones higiénicas son algunas de los aspectos sobre los que advierte un informe elaborado por legisladores y docentes tras recorrer las instalaciones de un centro de menores de la ciudad de Córdoba.

Legisladores y profesores universitarios visitaron de manera sorpresiva el centro al que ingresan los menores apenas son sospechados de un delito, y aseguran que allí no se respetan los derechos y garantías que la normativa nacional e internacional prevé para los chicos en conflicto con la ley penal.

“Están alojados en condiciones que son totalmente contrarias a los derechos humanos básicos. No tienen espacios suficientes, las celdas no tienen luz, no se respeta la cantidad de horas dedicadas a educación o actividades recreativas”, señaló la abogada Marysel Segovia, una de las autoras del informe.

El Centro de Admisión, Evaluación y Derivación (Caed), ubicado en Bulevar Guzmán 1071, funciona como centro de admisión y alojamiento de niños varones de toda la provincia a los que se les adjudica haber cometido algún tipo de delito. Es el primer lugar a donde llegan los chicos, que luego son derivados a otros centros. Depende de la Secretaría de la Mujer, Niño, Adolescente y Familia de Córdoba (Munaf).

“Es un lugar inapropiado en términos de infraestructura. Vulnera derechos elementales”, señaló el legislador juecista Roberto Birri. Los autores del informe llaman la atención sobre el mal estado de los espacios y la falta de higiene. “Cada celda tiene un bidón de plástico abierto que se comparte entre sus dos o tres habitantes para hacer las necesidades fisiológicas fuera de los momentos en que les permiten salir para ir al baño”, alertan.

El informe también denuncia que los chicos no tienen actividades educativas y recreativas. Pasan la mayor parte del tiempo encerrados en las celdas, de dos metros por tres. Otro de los puntos sobre los que se llama la atención es la presencia de menores de 16 años, inimputables según la ley. “Hay chicos desde los 9 años”, dijo Segovia.

Respuesta. El informe fue relativizado por la Munaf. “El edificio está en uso, en condiciones de habitabilidad y en total funcionamiento”, dijo Delicia Bonetta, titular de la Dirección de Asuntos Legales. Es más, aseguró que el viernes pasado fue un grupo de asesores y jueces de Menores para constatar el cumplimiento de mejoras edilicias. Y expresó que los chicos sí tienen actividades recreativas y que se puede cuestionar las horas educativas porque es un lugar de tránsito.

Los adolescentes se fugan de sus hogares por amor, maltratos y abusos sexuales

Publicó La Voz del Interior
14 de agosto de 2009

Sólo en los cuatro juzgados de Menores en lo Prevencional que existen en la ciudad de Córdoba hay un total de 620 causas iniciadas por la "fuga" de un niño o adolescente, es decir, que faltó de su hogar y se desconoció su paradero. A ello se deben agregar las causas de la Justicia de Familia de chicos que son "secuestrados" por uno de sus padres o por un familiar que desaparece con el niño sin dar noticias.

Según el juez de Menores Jorge Luis Carranza, existe un gran abanico de razones por las que los chicos se fugan de su hogar. Cuando se trata de mayores de 14 años, en general son "chicas que se escapan con los novio debido a que sus padres se oponen a la relación".

Sin embargo, hay casos mucho más graves y complejos: el juez asegura que muchos de los niños y adolescentes que se ausentan de su casa es porque allí son víctimas de violencia familiar y hasta abusos sexuales. "Hay chicas escapadas que han sufrido un abuso familiar silenciado durante años", contó Carranza.

"A partir de la desaparición de un chico, se publica la foto en los diarios y en la tele, mandamos la información a Missing Children. Una vez encontrado, se trabaja desde otro lugar: qué pasó con los padres, hay equipos técnicos que hace entrevistas, diagnósticos, para saber qué le ha pasado a los chicos en particular", aseguró el juez.

Un plan para que discuta el Congreso

Publicó Página 12
16 de Agosto de 2009

La idea central consiste en implementar un subsidio mensual mínimo de 135 pesos para todos los menores de 18 años que no tienen ninguna cobertura. Se deberá discutir de dónde sacar los recursos para poner el plan en marcha.

Por Martín Piqué

El bloque oficialista en Diputados comenzará a estudiar esta semana los diversos proyectos de asignación universal por hijo. La iniciativa partió del jefe de la bancada K, Agustín Rossi, quien pretende acelerar la discusión de la propuesta en el Congreso. La idea central de la asignación consiste en implementar un subsidio mensual mínimo de 135 pesos para todos los menores de 18 años que no tienen ningún tipo de cobertura. El costo fiscal de semejante programa ascendería, en el caso de que el subsidio se fijara en 135 pesos, a 6900 millones de pesos al año. Esa cifra deberá añadirse al presupuesto ya asignado para los planes de Desarrollo Social que están en curso: 10.200 millones de pesos anuales. “¿De dónde vamos a sacar esos recursos para asignarlos de un sector a otro? Esa es la primera discusión que se debería dar en el Congreso”, advirtió la Presidenta.

La discusión sobre la asignación universal involucrará a tres comisiones del Parlamento. Se trata de las comisiones de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, cuya titular es la diputada Juliana Di Tullio; la de Trabajo, que encabeza el apoderado de la CGT Héctor Recalde; y la de Salud, que preside el diputado Sylvestre Begnis. Rossi ya se comunicó con los tres. Su intención es iniciar lo más pronto posible el debate parlamentario sobre la universalización. “Ya les pedí a los tres presidentes de las comisiones que se unifiquen todos los proyectos y que empecemos con el tratamiento del tema”, contó Rossi a Página/12. “Obviamente, el debate va a tener que incluir la cuestión presupuestaria. Si la asignación sale tanta plata, ¿cómo se conseguirán los recursos?”, se preguntó el diputado rosarino en diálogo con este diario.

Una vez que se pongan de acuerdo Di Tullio, Recalde y Begnis, el debate se trasladará al seno de las comisiones. En ese momento harán oír su voz los diputados de los bloques opositores. Antes de la elección del 28 de junio, los candidatos de la oposición propusieron implementar una asignación universal por hijo. La propuesta encontró unidos a Francisco de Narváez, Fernando “Pino” Solanas, Alfonso Prat Gay y Margarita Stolbizer. Los cuatro la juzgaron prioritaria y exigieron al Gobierno que la pusiera en marcha de forma urgente. Pero una iniciativa de esa magnitud necesitaría un fuerte desembolso de dinero. ¿De dónde extraer esos recursos? Algunos diputados ya esbozaron ideas. “Nuestra propuesta pasa por la eliminación de las exenciones a la renta financiera, lo que nos permitiría obtener una mayor recaudación del impuesto a las Ganancias”, planteó la diputada Silvia Augsburger, jefa del bloque socialista.

En el kirchnerismo también circulan algunas propuestas, como crear nuevos impuestos o reorientar lo que se recauda por gravámenes ya existentes. Claro que sumar unos 7000 millones de pesos al presupuesto vigente en materia social –los 10.200 millones– sería incompatible con un recorte abrupto del nivel actual de las retenciones. “Está todo atado. Vos no podés aumentar el gasto y bajar los ingresos. Si querés incorporar un número importante para el gasto social, tenés que ver de dónde lo sacás”, argumentó a Página/12 uno de los integrantes del bloque oficialista en la Cámara baja. En la Casa Rosada no son ajenos al debate que está circulando en torno de la asignación universal por hijo. En el bloque oficialista incluso no se descarta que el Gobierno, en los próximos días, termine presentando un proyecto propio en ese sentido.

El viernes, durante el lanzamiento del programa Ingreso Social con Trabajo, la mandataria reveló que de los 12.400.000 menores que viven en la Argentina, 2.860.713 niños y adolescentes no tienen ningún tipo de cobertura social. Sus padres no cobran el salario familiar previsto para los trabajadores en relación de dependencia. Tampoco reciben alguno de los variados planes sociales de Desarrollo Social, cuyo presupuesto anual supera los 10 mil millones de pesos. La propia CFK informó que casi la mitad de esos 2.860.713 menores excluidos de toda cobertura no tienen DNI, por lo que su inclusión resulta aún más compleja. “La primera discusión que tenemos que dar (en el Congreso) es saber qué masa de recursos vamos a necesitar, además de las ya asignadas”, aconsejó la Presidenta.

miércoles, 19 de agosto de 2009

Miles de chicos, al costado del camino

Publicó Diario Hoy
18 de agosto de 2009

"En el Gran La Plata hay más de 130.000 jóvenes de entre 15 y 25 años. Alrededor del 15% no trabaja ni estudia, lo que implica cerca de 20.000 jóvenes en esa situación. El porcentaje sube a alrededor del 20% para aquellos entre 18 y 20 años", indican desde el Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata.

Si extendemos el campo de estudio a la provincia de Buenos Aires, la cifra se multiplica varias veces. En noviembre del año pasado, según una estimación del entonces ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, un millón de chicos se encontraba en situación de vulnerabilidad y riesgo social debido a efectos de la exclusión y de la marginalidad, y 400.000 no estudiaban ni tenían trabajo.
Hoy, ese universo rondaría los 600.000 jóvenes de entre 14 y 20 años, de acuerdo a declaraciones de los curas villeros (no por casualidad hasta hace 20 años se los llamaba obreros) que trabajan en las zonas de San Isidro y Tigre.
La falta de políticas específicas para los jóvenes y la ineficacia de los circuitos de tratamiento fue reconocida en su momento por Arroyo, que admitió que las limitaciones presupuestarias repercutían en el funcionamiento del sistema, al punto tal que sólo uno de cada diez pesos que manejaba su cartera se destinaba a minoridad.
Este tema preocupa fundamentalmente a quienes trabajan en barrios pobres y en villas, sobre todo porque son cientos de miles de jóvenes que quedan expuestos a las mafias de la droga y el crimen.
Para Hilda González de Duhalde se corre el riesgo de ver a estos jóvenes como potenciales delincuentes. “Eso es muy peligroso. Y no es así. Desde ya que no es así. Lo que hay que dejar de hacer es ocuparse cuando ya tienen problemas. Hay que atender a la población en riesgo desde que nace, como hicimos en su momento”.

Un informe para que la prensa informe mejor

Publicó Página 12
18 de agosto de 2009

El estudio anual del Capítulo Infancia de Periodismo Social revela que el 65 por ciento de las notas en las que se escribe sobre adolescentes sospechosos de haber cometido un delito, se los menciona con términos peyorativos. Desde “menor” hasta “piraña”, nunca niño.

Por Carlos Rodríguez

Cuando los periodistas escriben sobre adolescentes sospechosos de haber participado en algún hecho delictivo, el 65 por ciento de las notas contiene términos peyorativos o discriminatorios, según un estudio realizado, a lo largo de 2008, por el Capítulo Infancia de Periodismo Social, mediante la lectura de 120 mil noticias publicadas “en los 22 diarios más representativos del país”. El término “menor”, empleado a secas, casi como un estigma, sigue siendo “el término peyorativo más común”, aunque también se los presenta como “rateros”, “pibes chorros”, “hampones” o incluso como “pirañas”, si los acusan de cometer hechos sin mayor importancia atacando entre varios a una sola persona. En muchos casos se los condena de antemano, aunque una de cada cuatro de las noticias analizadas –el 25 por ciento del total– fue publicada sin citar fuente alguna. O, en el mejor de los casos, mencionando a “una alta fuente policial”. El informe, al que tuvo acceso Página/12, será presentado hoy, a las 9.30, en el Centro Cultural Rojas, con la presencia, entre otros, de Eugenio Zaffaroni, ministro de la Corte Suprema.

En el informe, denominado “El encierro mediático”, se afirma que en la mayoría de los casos las noticias sobre chicos en problemas con la ley “se elaboraron con datos que no fueron contrapuestos con ninguna otra voz o que no dieron cuenta del origen de la información, con estadísticas que no surgen de ninguna investigación hecha en profundidad, con percepciones que se transformaron en titulares, que adquirieron el status de exactitud y que los diarios publicaron sin cuestionarlas ni contrastarlas”.

A partir de esas noticias se elabora un mensaje que afirma que “cada vez más chicos menores de edad cometen delitos”. Para justificar esos dichos, la mayoría apela a “números ‘reservados’, ‘extraoficiales’, testimonios de ‘altas fuentes policiales’ o ‘fuentes judiciales que pidieron reserva’, testimonios y sensaciones de vecinos y expertos”. Los diarios informaron varias veces, en 2008, que “los hechos cometidos por chicos crecieron significativamente”, algo que “no figura en ninguna estadística seria y rigurosa”, y que es “rebatida con números oficiales”.

La oficina de Investigación y Estadísticas Político-Criminales de la Procuración General de la Nación, tomando como base datos de las fiscalías de menores de la ciudad de Buenos Aires, precisó que mientras que en 2007 hubo “3716 chicos acusados y condenados por delitos contra la propiedad, en 2008 ese número fue de 2715”. En ese marco, siempre con la Procuración como fuente, los delitos contra la integridad sexual protagonizados por chicos cayeron de 67 en 2007 a 55 en 2008, mientras que bajaron también, de 25 causas a nueve, las relacionadas con casos de homicidios simples.

Las noticias que vinculan a chicos y chicas con el delito ocuparon el 2,1 por ciento del total de las notas sobre infancia en los diarios monitoreados, cuatro veces más que la cifra (0,4 por ciento) alcanzada en 2007. Por primera vez desde 2004, cuando el Capítulo Infancia de Periodismo Social hizo su encuesta inaugural sobre “Niñez y adolescencia en la prensa argentina”, el tema de la Educación superó, con un 23,5 por ciento, a las notas sobre Violencia, en segundo lugar con un 22,2 por ciento.

En 2008, la agenda mediática estuvo dominada, gran parte del año, por el asesinato del ingeniero de San Isidro, Ricardo Barrenechea, por el que se imputa a un adolescente, y por el debate acerca de la baja en la edad de imputabilidad. En ese marco, sostiene el informe, las tapas y páginas de los diarios dedicadas a hechos que involucran a chicos y chicas se completan con las mismas preguntas: “¿Qué hacer? ¿Qué penas aplicar? Casi siempre con las mismas respuestas: más castigo, más encierros”.

El debate hace foco “en el aspecto penal del problema y no en sus causas sociales”. Ese debate aporta “poco y nada” a buscar soluciones sobre la “real situación de esos chicos”, a tener en cuenta “los derechos y garantías que tienen los chicos para ser juzgados, en los aspectos preventivos del problema, ni en el destino de ellos”.

Entre los ejemplos de términos peyorativos o discriminatorios se mencionan tres ejemplos contundentes:

1 “Cordobecitos rateros atemorizan a víctima”. Así se habla, desde el título aparecido el 5 de marzo de 2008 en un diario de tirada nacional, sobre el caso de unos chicos imputados de robar en una casa en ausencia de sus ocupantes;

2 “Menores patoteros golpearon salvajemente a dos hermanos”. Título de un diario norteño, el 13 de abril de 2008, sobre chicos de entre 14 y 16 años que se pelearon con otros de su misma edad “aparentemente bajo los efectos de estupefacientes”;

3 “Ataque ‘piraña’ contra un gendarme: 8 jóvenes le dan una feroz paliza para robarle”. En este caso, publicado el 4 de abril de 2008 en un diario de tirada nacional, se dice que el calificativo de “pirañas” surge de la “jerga policial” y, aunque todo hace suponer que es un caso aislado, igual el medio se pregunta si se trata de “una nueva modalidad delictiva en el conurbano” bonaerense.

Sobre este punto, el informe dirigido a periodistas y editores de los medios afirma que “es importante para hablar de los adolescentes en conflicto con la ley evitar el uso de términos como ‘menores delincuentes’, ‘joven delincuente’, ‘precoces delincuentes’, ‘menor infractor’. Estos términos están revestidos de un sentido peyorativo que define a los adolescentes a partir de su comportamiento, y refuerzan prejuicios, estigmas y desigualdades sociales”.

Las expresiones más apropiadas, serían, por ejemplo, que son “adolescentes en conflicto con la ley penal”, “adolescentes que cometen delitos” o “adolescentes infractores”, ya que definen la situación en la que se encuentran en lugar de ‘demonizarlos’ o ‘marginarlos’ por su conducta”. También se cuestionan títulos como “Radiografía de los pibes chorros” o infografías en las cuales se muestra a chicos con cierta vestimenta que incluye gorras con visera y posturas que los incriminan sólo por su aspecto.

Los derechos del niño en el sube y baja

Publicó Diario Página 12
18 de agosto de 2009

Por Tomás Ojea Quintana *

Los senadores de la Nación dictaminaron un proyecto de ley en el que convergen dos reclamos sociales: por un lado, el reclamo de terminar con la ley de patronato de la infancia y crear un régimen penal juvenil acorde con la Convención de Derechos del Niño. Por otro lado, el reclamo de mayor seguridad mediante la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años.

¿Por qué el pedido de bajar la imputabilidad fue acoplado al proyecto de creación de un régimen penal juvenil? Son exigencias absolutamente distintas. La creación de un sistema judicial juvenil es una obligación legal del Estado derivada de la Convención de los Derechos del Niño. La baja de la edad de imputabilidad no es de ningún modo una obligación del Estado; muy por el contrario, la obligación es no bajarla, porque compromete los derechos de los niños y vulnera el principio de progresividad de los derechos humanos.

Si se bajara la edad de imputabilidad ya podría afirmarse legalmente que un chico de 14 años puede ser un delincuente. Y esto genera un cambio absoluto de paradigma en los numerosos actores que intervienen en el tema. En primer lugar, la sociedad argentina misma empezaría a cambiar la forma de tratar a los adolescentes, sobre todo los más pobres. Serían cada vez más sujetos peligrosos, y cada vez menos sujetos de derechos. Después, las fuerzas de seguridad cambiarían su mirada y su accionar, y comenzarían a tratar a chicos de 14 como sujetos de persecución penal y policial, valiéndose de la violencia estatal. Con esa nueva mirada policial, la vida de estos chicos en la calle será mucho más peligrosa. También los grandes medios de comunicación dejarían de dudar en llamar a un menor delincuente y tendrían vía libre para desplegar todo el morbo de que son capaces cuando ocurren hechos que involucran a adolescentes. Pero más grave que ello es que los propios chicos, frente a un Estado que les dice “ustedes pueden ser delincuentes, pueden ir a la cárcel, deberán soportar la fuerza de la policía”, se verán obligados a cambiar la idea que tienen sobre sí mismos y su futuro. Ahora tendrán enfrente cada vez menos un Estado protector, y cada vez más un Estado policial.

Además de esto, si se va a aplicar un régimen penal a un chico de 14 años, debemos recordar cómo funciona el régimen penal de adultos, porque los mismos problemas pueden repetirse: el derecho a defensa está totalmente deteriorado desde que las defensorías oficiales están colapsadas; las prisiones preventivas sin sentencia son extremadamente excesivas; es recurrente el maltrato policial y penitenciario; los alojamientos penitenciarios son crueles y degradantes; los jueces y fiscales desconocen la situación de vulnerabilidad.

Hay pocos consensos tan extendidos en nuestra sociedad como el que afirma que a mayor educación, menos delitos. ¿Por qué entonces los legisladores se proponen reforzar el sistema penal y bajar la edad de imputabilidad? Digamos las cosas por su nombre: el sistema penal reparte penas, no derechos sociales; como las arenas movedizas, más te movés ahí adentro, más te atrapa. Es de una ironía cruel que a 14 años de la reforma educativa, que dejó a más de la mitad de los jóvenes sin terminar la escuela, se decida hoy responsabilizar penalmente a las chicas y chicos que nacieron con ella.

* Red por los Derechos de los Jóvenes.

Informe Comite contra la tortura

6 de agosto de 2009

PRENSA

COMISION POR LA MEMORIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.

PRESENTACION DEL INFORME ANUAL 2009

Creciente número de detenidos y más violencia en cárceles y comisarías, aumento del número de suicidios en los institutos de menores y fuertes críticas a la política penal y de seguridad de la gestión Scioli son algunos de los datos y señalamientos del informe que será presentado el jueves 6 de agosto por la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires.

El jueves 6 de agosto a las 18 el Comité contra la Tortura de la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, presentará públicamente su Informe anual 2009 sobre violaciones a los derechos humanos en ocurridas en cárceles, comisarías e institutos de menores provinciales

Participarán del panel de presentación Leonardo Franco, Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Pilar Calveiro profesora-investigadora de la Universidad de Puebla, Roberto Cipriano García, coordinador del Comité contra la Tortura, y Adolfo Pérez Esquivel y Hugo Cañón, co-presidentes de la Comisión por la Memoria. El acto se llevará a cabo el 6 de agosto a las 18 horas en el Colegio de Abogados de La Plata, calle 13 e/ 48 y 49 de La Plata.

En la presentación estarán presentes además, los restantes miembros del plenario de la Comisión: Laura Conte , Aldo Etchegoyen ,Víctor Mendibil, Elisa Carca, Elizabeth Rivas, Mauricio Tenembaun , Tito Cossa,

Daniel Goldman, Luis Lima, María Verónica Piccone, Carlos Sánchez Viamonte, Martha Pelloni, Emilce Moler, Susana Méndez, Fortunato Mallimaci, Víctor De Gennaro y Alejandro Mosquera.

Antes de su presentación pública, una delegación de la Comisión se entrevistó en la tarde de hoy y entregó el informe al plenario de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires y , en representación del Poder Ejecutivo, al Ministro de Justicia Ricardo Casal.

El Sistema de la crueldad IV está estructurado en tres grandes partes: políticas penitenciarias y situación carcelaria; políticas de niñez y adolescencia y situación en los institutos de menores; políticas de seguridad y situación de comisarías. Un último capítulo se ocupa de hacer un balance sobre la implementación del Protocolo Facultativo de Prevención de la Tortura. El diagnóstico, en todos los casos, se hizo desde el prisma de la corresponsabilidad de los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Éste es el cuarto informe sobre violaciones a los derechos humanos en lugares de detención producido por el Comité contra la Tortura de la Comisión por la Memoria.

“Nuestro balance sobre las políticas penitenciarias, penales y de niñez desplegadas por la gestión del gobernador Scioli, es muy crítico, aunque hemos tenido una convivencia institucional respetuosa. Creemos que fortalece la institucionalidad democrática de la provincia que existan mecanismos de control autónomos de los gobiernos de turno. En este sentido, la tarea que despliega la Comisión por la Memoria en los lugares de detención de la provincia se ajusta a los establecido por el Protocolo Facultativo de la Convención contra la tortura”, afirmó Adolfo Pérez Esquivel, co-presidente de la Comisión por la Memoria.

“Desde una perspectiva general uno de los hechos más preocupantes del año pasado es la aprobación de una reforma procesal penal que es inconstitucional y consagra en la provincia la generalización del encierro preventivo. Los legisladores la votaron sin la menor preocupación por su impacto negativo sobre el sistema penal y penitenciario. Las consecuencias ya son evidentes, si sumamos población alojada en cárceles y comisarías, la cifra de detenidos ascendía en marzo de este año a 28.300 personas y continúa creciendo”, señaló Hugo Cañon, que participará el jueves del panel de presentación del Informe.

En la introducción general del Informe 2009, uno de los párrafos más críticos está dedicado a las políticas de seguridad: “La gestión del ministro Carlos Stornelli representó un fuerte retroceso en cuanto a promover una conducción democrática de las instituciones de seguridad y eficaz en la prevención e investigación de los delitos. A contramano de una serie de cambios introducidos por la gestión del ex - ministro de Seguridad León Arslanián, que aspiraba al control político de la institución policial, la actual gestión ha retomado el camino de ceder el autogobierno a la propia policía. Se volvió a las lógicas de centralización del poder; se restituyó y fortaleció gradualmente la figura del jefe policial y se reformó el estatuto policial, formalizando el retorno a una estructura centralizada en comisarios. Meses después, los resultados de esta política son el uso cada vez más extendido de prácticas policiales arbitrarias, como la detención por averiguación de identidad, la continuidad de casos de torturas y suicidios sospechosos en comisarías; numerosos casos de corrupción policial, y un nuevo caso de desaparición forzada de persona: el joven Luciano Arruga, de 17 años, que fue visto por última vez en una dependencia policial en Lomas del Mirador”.

A modo de síntesis

Los siguientes son algunos de los conceptos y datos más destacados desarrollados en el Informe 2009 del Comité contra la Tortura de la Comisión por la Memoria.



Población carcelaria: a marzo de 2008 ascendía a 21.104 detenidos, cifra que creció a 24.180 para el mismo mes de 2009. En comisarías creció de 2.782 detenidos en diciembre de 2007 a 4.142 personas en marzo de 2009. En total, la provincia tenía a marzo de este año 28.322 personas detenidas.

Más mujeres detenidas: la población femenina de las unidades carcelarias de la provincia ha crecido en el último año: mientras que para el año 2007 representaban un número menor al 3%, para el 2008 representan el 4,1% del total de detenidos. Ese crecimiento se explica en buena medida por el aumento significativo del porcentaje de mujeres detenidas y acusadas de tenencia simple de estupefacientes.

Muertes: durante el año 2008 murieron 112 personas en el sistema penitenciario provincial, lo que implica un crecimiento del 10 % con relación al 2007, en que murieron 101 personas. Siguiendo la clasificación del Servicio Penitenciario, las muertes traumáticas (producto de peleas o heridas de arma blanca, suicidios por ahorcamiento, electrocución, asesinatos y otros) representan el 41% del total. En 31 establecimientos fallecieron personas que estaban al cuidado del Estado. La U.1 de Olmos fue donde murieron la mayor cantidad de personas: 15. Las muertes no traumáticas representan el 57 % del total. Muchas son evitables y tienen origen en enfermedades que de tratarse de manera adecuada pueden curarse (casos de pacientes con VIH y TBC).

Hechos violentos: de acuerdo a los informes remitidos por el propio Poder Judicial, ascienden a 7.027 en el transcurso del año 2008, esto es más de 585 hechos mensuales. Estos hechos se agrupan conforme la propia clasificación efectuada por el SPB: pelea entre varios internos, pelea entre dos internos, agresión entre internos, autolesión, accidente, agresión al personal, amenaza al personal e intento de suicidio.

Represión con balas de goma: los hechos de represión dentro de las cárceles se han constituido en la herramienta preponderante para resolver las situaciones conflictivas que se generan. Aunque el personal penitenciario, por la Ley de Ejecución Penal, tiene limitado el uso de armas, la represión con balas de goma ha sido utilizada al menos en 1.487 oportunidades durante 2008, o sea alrededor de 123 hechos por mes.

Gobernabilidad carcelaria: asume en las cárceles provinciales distintos diseños de parte del Servicio Penitenciario Provincial. En este informe se discriminan y analizan dos: a) unidades donde se delega el gobierno en los detenidos; y b) unidades donde no se delega ningún espacio de gobierno. Un ejemplo del primer diseño lo constituye la Unidad 1 de Olmos, donde la tercerización de cierto ejercicio de la fuerza, violencia y sometimiento se hace evidente al revisar un solo dato: en una de las inspecciones realizadas por este comité, se constató que había un total de aproximadamente 23 penitenciarios por turno como guardianes de casi 1.800 presos. Esta cifra demuestra la obvia delegación de la organización interna de los pabellones y la zona liberada para la gestión de sistemas endógenos de dominación y sometimiento. Un ejemplo de la segunda forma de gobernabilidad –allí donde el SPB no delega el control- es la Unidad 30 de Alvear, que aloja a 1.600 detenidos (casi tantos como Olmos). Allí la autoridad penitenciaria demarca constantemente la lógica de la máxima seguridad y el aislamiento, con circulación mínima dentro del penal. Los detenidos pasan la mayor parte del día encerrados en sus celdas (22 horas promedio). La circulación y las actividades son escasas, muy controladas y organizadas; las requisas y cacheos son sistemáticos. Ambos diseños de gobernabilidad son extremadamente violentos: mientras la U.1 de Olmos registra la mayor cantidad de muertes, la U.30 registra el mayor índice de torturas, malos tratos y hechos de violencia.

La tortura y los tratos crueles e inhumanos: el Estado provincial no ha construido políticas que se orienten expresa y sistemáticamente a prevenir, sancionar o identificar los hechos de tortura que se ejecutan en las cárceles provinciales. La tortura continúa siendo una práctica generalizada en las cárceles provinciales. El submarino seco, los palazos, las golpizas, la picana eléctrica, los traslados constantes, las duchas o manguerazos de agua helada, el aislamiento como castigo, constituyen un muestrario de prácticas vigentes en las cárceles provinciales. El Comité contra la Tortura presentó, durante el año 2008, 761 hábeas corpus individuales que denuncian el agravamiento de las condiciones de detención de las personas alojadas en lugares de encierro de la provincia de Buenos Aires. Gran parte de estos hechos constituyen tortura.


Agresiones físicas: de un total de 266 encuestas realizadas en 5 unidades penales de la provincia, el 72 % de los detenidos reveló haber sido agredido físicamente por personal penitenciario. Los más jóvenes y los primarios son porcentualmente más agredidos que los mayores y los reiterantes. El 25 % de las mujeres entrevistadas ha sufrido agresiones por parte del personal penitenciario durante el año 2008. Si se analizan los datos por unidad, el porcentaje es especialmente alto en la Unidad 29 de Melchor Romero, donde el 60% de las detenidas entrevistadas reconoce haber sido agredida físicamente por el personal penitenciario. Las agresiones físicas a las detenidas son producidas tanto por personal penitenciario femenino como masculino. En las unidades penales destinadas a alojar mujeres está designado personal masculino que, aunque formalmente no debería mantener contacto directo con las detenidas, interviene ante situaciones de conflicto y en los traslados.



Picana eléctrica: durante el año 2008 se probó judicialmente un nuevo caso de pasaje de corriente eléctrica. En la mayoría de los casos, debemos señalar una agilización de los dispositivos institucionales tendientes a obtener la prueba. La creación, en el ámbito de la Procuración General, de la Dirección de Coordinación de Institutos de Investigación Criminal y Ciencias Forenses, a cargo de la Dra. Virginia Creimer, fue una saludable decisión de la procuradora María del Carmen Falbo. Esta celeridad en la primera etapa de las investigaciones no tiene su correlato en lo que sucede luego: las causas avanzan morosamente y en general no permiten individualizar a los torturadores. El primer caso de pasaje de corriente eléctrica probado en democracia, el de Cristian López Toledo -tres años y medio después de ocurrido- se encuentra prácticamente sin movimiento en la U.F.I. 7 de La Plata. En el segundo caso, el de Julio Esteban Ortiz, tampoco fue posible identificar a los perpetradores.
El aislamiento: el aislamiento en los buzones de las cárceles provinciales constituye una de las formas más extendidas de tortura y crueldad sobre los detenidos. Esta medida se cumple en los llamados pabellones de separación del área de convivencia. Es allí donde se registra mayor violencia física (golpizas), además del padecimiento psicológico por el aislamiento y las condiciones de detención. El encierro es en celdas de 2 x 1,5 metros, con doble puerta, durante 23 ó 24 horas al día, muchas veces sin agua potable, con sanitarios que no funcionan, falta de luz, de calefacción, y sin acceso a patio, escuela o trabajo.

Los traslados: el régimen de traslados de detenidos, o calesita, es una medida de de castigo y disciplinamiento desplegada por el Servicio Penitenciario sin control del Poder Judicial. Desde enero a noviembre de 2008 se hicieron efectivos un total de 47.709 traslados. Para citar sólo un ejemplo: sobre una encuesta realizada a 30 detenidos de 5 pabellones diferentes, el día 4 de noviembre de 2008, en la U.17 de Urdampilleta, surgió que el 93% de los detenidos entrevistados había sido trasladado en el último año y que el 54,2% fue trasladado más de 6 veces en ese período. Los traslados permanentes y sistemáticos afectan la vinculación familiar, el acceso a la educación, la justicia y la salud de las personas privadas de libertad. Además, los móviles de traslado no están preparados para alojar mujeres y se encuentran bajo la custodia de personal de seguridad masculino.
Prisión preventiva: un dato relevante es el alto porcentaje de mujeres detenidas con prisión preventiva: un 85 %, un porcentaje aun mayor que el de los hombres (76%). En el caso de las mujeres el uso excesivo de la prisión preventiva produce un fuerte impacto negativo sobre su núcleo familiar: problemas vinculados al acceso a la salud y la educación de los niños que conviven con su madre en prisión, institucionalización de los restantes hijos al momento de la detención, ruptura de los vínculos familiares a partir de los traslados de las detenidas por distintas unidades penales.

Mujeres en prisión con sus hijos: la U.33 del Complejo Penitenciario de Los Hornos aloja a la mayoría de las mujeres detenidas embarazadas y de las detenidas que conviven con sus hijos en prisión. Mientras que en julio de 2008 había allí 71 niños y 23 mujeres se encontraban embarazadas, en abril de 2009 el número aumentó a 82 niños y 25 mujeres embarazadas. Esta situación produce el hacinamiento de mujeres y niños alojados en los pabellones. Excepto en la U.33, no existen pabellones destinados exclusivamente para esta población. A partir del amparo colectivo presentado por este Comité a favor de los niños/as que residen en prisión junto a sus madres (mayo 2007), se han notado avances en las políticas publicas tendientes a garantizar el acceso a la educación. El Ministerio de Desarrollo Social no ha implementado políticas públicas que establezcan el modo en que debe realizarse las salidas extramuros, el régimen de visitas o vinculación de los niños que residen en prisión con su familiares u otras instituciones. Situación que permiten acciones arbitrarias e ilegales por parte del Servicio Penitenciario que disponen el modo en que se realiza la externación de un niño una vez cumplido los 4 años de edad

Políticas de salud: el presupuesto para el área no se independiza, no crecen los recursos disponibles ni se extienden las funciones del personal de salud. De este modo, la reestructuración que impulsara el Ministerio de Justicia a través del decreto 950/05 se convierte en una disputa alrededor de la distribución de recursos y su gestión. Las consecuencias son detenidos que no se tratan, no disponen de medicamentos ni de traslados a hospitales, y mueren por enfermedades evitables.

Historias clínicas: los registros en la historia clínica son incompletos y no dan cuenta de las denuncias por apremios, golpes o torturas. Por el contrario, en general los certificados médicos se limitan a una serie de señalamientos de síntomas hechos en lenguaje técnico biológico, sin hacer lugar a la palabra del detenido ni señalar las marcas en sus cuerpos. El sistema sanitario gestiona cuerpos de forma tal que la violencia ejercida es invisibilizada o considerada como natural. Al no haber un sistema de examen diagnóstico del estado de salud general de los detenidos ni un seguimiento de los casos, el detenido llega al médico cuando la gravedad desborda o cuando el problema se cronificó. La mayoría de las unidades penitenciarias cuentan con médicos de guardia con una carga horaria de 25 horas, desempeñada una vez por semana. En su mayoría, no recorren pabellones ni el sector de separación (buzones) para relevar demandas o detectar patologías de modo directo y sin la mediación del personal de seguridad. El sistema de atención de la salud está inserto en la lógica de violencia carcelaria, y la seguridad y disciplinamiento prevalecen sobre el derecho a la salud.

El subregistro de los casos de SIDA: en enero de 2009 el número estimado de personas con VI H-SIDA sería de 483 (2.06%). Es decir que la cantidad actual de detenidos con VIH-SIDA rondaría el 2% de la población general penitenciaria, un porcentaje que sorprende cuando se lo contrasta con los porcentajes en cárceles de países centrales. Por citar sólo un caso: el promedio español es de un 18 % de detenidos con VIH-SIDA.

Muertes por SIDA: según estadísticas oficiales, el 19% de la cantidad total de los fallecidos en el año 2008 en las cárceles de la provincia, lo fue por consecuencia del VIH-SIDA. Asimismo, representan el 35 % de las muertes por causa natural. Los datos presentan un subregistro importante, ya que el diagnostico de defunción indica paro cardiorrespiratorio no traumático. Por lo cual hay que agregarle la certeza de que en el restante porcentaje de muertes por causa natural habrá más personas fallecidas por esta causa.

Violencia institucional e investigación judicial: la violencia institucional ejercida por las fuerzas de seguridad dentro de los lugares de encierro (cárceles, comisarías e institutos de menores) y en ocasión de intervenciones policiales en la vía pública (averiguaciones de antecedentes, detenciones, represión de manifestaciones, etc.) es denunciada, en algunos casos, ante la justicia penal. Estos hechos pocas veces son investigados en profundidad y casi nunca llegan a obtener una sentencia en el sistema judicial provincial. La base de datos construida en el Comité contra la Tortura incluye once mil expedientes con denuncias contra fuerzas de seguridad. Para el periodo 2000-2008, el 60% de las causas se registra en trámite mientras que el 37% se reporta el archivo. Sólo el 1% de las causas fue elevado a juicio, en tanto que en el 2% restante se ha dictado la desestimación, el sobreseimiento o la incompetencia. Esta enorme brecha habla claramente de las dificultades que un ciudadano tiene para acusar y lograr una sanción para los agentes de las fuerzas de seguridad que cometen delitos. Esta comprobación es en sí misma un llamado de atención para impulsar políticas judiciales orientadas a modificar la situación.

La calificación de las causas: el 77% de las causas judiciales contra personal de las fuerzas de seguridad en el territorio provincial se origina en denuncias por apremios ilegales. Siguen en orden decreciente las denuncias por lesiones (3%) y amenazas (3%) y, luego, las privaciones ilegales de la libertad (2%). Un dato a subrayar es entonces la forma en que se califican los expedientes: la gran mayoría es tipificada como apremios ilegales y existen en cambio poquísimos casos caratulados como tortura. Los apremios ilegales prevén una pena de 1 a 5 años y son por tanto excarcelables. La tortura prevé penas de 8 a 25 años que no permiten la excarcelación del imputado. Del total de causas registradas sólo 8 son calificadas como torturas.

Violencia institucional, distribución por fuerzas y departamento judicial: en el año 2008 se registran 877 denuncias judiciales. La policía provincial tiene 321 denuncias (58%); el SPB tiene 216 denuncias (39%), en tanto que el 3% restante (14) son denuncias contra otras fuerzas de seguridad. En el año 2008, los departamentos judiciales que reúnen el 85% del total de las denuncias son La Plata (16%), Mar del Plata (16%), San Martín (15%), Morón (14%), La Matanza (8%), Dolores (7%), Quilmes (6%) y Azul (5%).

Muertes e investigación judicial: un relevamiento realizado en el Departamento Judicial de La Plata permite analizar cómo los fiscales investigan las muertes acontecidas en las cárceles. El Complejo Carcelario de La Plata y Magdalena comprende 16 unidades. En ellas acontecieron 52 casos, esto es el 46 % del total de 112 muertes. De la totalidad de estas muertes, se inició causa judicial en 37 de ellas. En 15 casos (el 29 %), directamente no se formó investigación penal preparatoria. Los informes médicos que llegan a las fiscalías adjudicando la muerte a causas naturales son elemento suficiente para convencer al fiscal de que no hay delito ni responsabilidad penal de ningún funcionario público. En ninguno de los casos de muertes clasificadas como traumáticas (suicidios, peleas o heridas de arma blanca) se investigó el desempeño del personal penitenciario por acción u omisión en su ocurrencia.

Las sentencias de hábeas corpus: de la lectura de 207 resoluciones judiciales derivadas de las presentaciones de hábeas corpus efectuadas por el Comité Contra la Tortura, es posible llegar a algunas conclusiones significativas. En 123 sentencias (59,42% del total) los jueces para resolver sólo se basaron en lo informado por el Servicio Penitenciario. Resulta que quienes son denunciados son los que aportan la información determinante para resolver la denuncia presentada. A esto debe agregarse el alto porcentaje de casos en los cuales ni siquiera se mantiene audiencia con el destinatario de la acción, requisito establecido en el artículo 412 del Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires.

Naturalización de las condiciones de detención: asimismo se desprende de los fallos judiciales que no obstante denunciarse una serie de actos lesivos vinculados a régimen de vida o condiciones de detención, muchas veces no son abordados ni evaluados en las sentencias. Esto parece responder a la banalización por parte de los operadores judiciales de ciertas condiciones de detención, que por extendidas han pasado a ser consideradas normales, pero que en términos legales constituyen un claro agravamiento de las condiciones de detención.

Inversión por detenido: calculada la población carcelaria en 24.400 detenidos (cifra oficial de marzo de 2009), esto significa que por todo concepto el Estado provincial invierte $ 48.549 anuales en cada detenido, esto es $ 4.045 mensuales. Este monto contrasta con las pobres condiciones materiales que se relevan cotidianamente en los penales provinciales y la carencia de elementos de higiene, medicamentos, alimentos. El Ministerio de Justicia no impulsó tareas de auditoría independientes ni jerarquizó debidamente al cuerpo de funcionarios que tenían por misión realizar controles sobre las entregas de proveedores en las distintas unidades.

Investigación judicial y denuncias de corrupción: las causas de corrupción que pudieron relevarse y se encuentran en etapa de investigación judicial no han avanzado: no hay imputados, no se adoptaron nuevas medidas o diligencias judiciales, no existieron sanciones administrativas. Son causas que investigan pago de sobreprecios de insumos alimentarios, irregularidades en la compra de insumos y en el manejo de caja chica, medicamentos y horas extras.

Implementación de la Ley de Promoción y Protección de Derechos de la Niñez y la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil. La ausencia de decisión política y la falta de presupuesto para su implementación frustraron el espíritu de ambas normas, que proponían un abordaje integral en términos de derechos para los niños y jóvenes. No se crearon los dispositivos preventivos, asistenciales y de contención contemplados por la ley, no se modificaron las condiciones indignas de alojamiento y tratamiento en institutos y centros de recepción, y tampoco se lograron bajar los niveles de institucionalización de niños y adolescentes. En síntesis, en la provincia de Buenos Aires, al no destinarse los fondos indispensables, los mecanismos previos y complementarios del sistema de responsabilidad penal juvenil aún no funcionan.

Violaciones de derechos en lugares de detención de niños y jóvenes: en conjunto, los centros cerrados y de recepción tienen capacidad para alojar aproximadamente 380 jóvenes en conflicto con la ley penal. Actualmente, hay 420 detenidos en centros cerrados y de recepción, aunque la población con causas penales es mayor.

Muertes de jóvenes en institutos provinciales: fallecieron cuatro jóvenes por presunto suicidio, la mayoría de ellos con intentos anteriores o con antecedentes de autoagresiones. Se ha podido constatar en sucesivas inspecciones a los lugares de detención de jóvenes un alarmante crecimiento de tentativas de suicidio y de autoagresiones. Éstas no constituyen casos aislados sino una posibilidad latente en estas macro-instituciones de encierro que carecen de actividades y no ofrecen la posibilidad de trabajar con los jóvenes la dimensión de lo sucedido, el delito que cometieron y mucho menos la elaboración de un proyecto de vida. Este sistema, que se repite en la mayoría de las instituciones inspeccionadas, no se aplica del mismo modo en dos de los centros de recepción de la provincia de Buenos Aires: el de Mar del Plata y el de Malvinas Argentinas. Excepto en las dos instituciones mencionadas, que aún están experimentando la nueva dinámica (con las dificultades que provocan los aumentos constantes de la población, el hacinamiento y la falta de recursos genuinos), el resto continúa con regímenes arcaicos que poco se diferencian de los mecanismos carcelarios que privilegian premios y castigos y no derechos y deberes.

Acceso a la educación: en algunos centros constatamos que los jóvenes no pueden concurrir a la escuela el primer día de una sanción disciplinaria. De esta manera, no resulta claro para los niños si la educación es un derecho, un beneficio o una sanción. La mayoría de las instituciones cerradas que alojan jóvenes en conflicto con la ley penal cuentan con educación primaria. La educación secundaria fue implementada en el año 2008 en la casi totalidad de los centros.

Denuncias de malos tratos y apremios a niños y jóvenes: el Comité contra la Tortura cuenta con su propio registro a partir de las denuncias por apremios ilegales y torturas remitidas por los jueces del fuero y funcionarios del Ministerio Público, en virtud de lo establecido en acordada 2825. Durante el año 2008 se registraron 79 denuncias en perjuicio de 105 víctimas. Del total de denuncias, 74 corresponden a comisarías (94%) y 5 a instituciones dependientes de la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia (6%). Las dependencias policiales de la jurisdicción La Plata ocupan el tercer lugar entre las comisarías más denunciadas.

Menores de edad en comisarías: la ilegalidad de la detención de niños y jóvenes menores de edad en comisarías ha sido declarada en varias oportunidades por la Suprema Corte provincial. Sin embargo, estas normas fueron violadas cotidianamente por el personal policial de la provincia de Buenos Aires, que continuó deteniendo y alojando a niños y jóvenes en comisarías, transgrediendo su propia normativa interna. Estas aprehensiones arbitrarias e ilegales persistieron aun después de la implementación del Fuero de la Responsabilidad Penal Juvenil.

Comisarías: al mes de diciembre de 2007, la cantidad de personas detenidas en comisarías ascendía a 2.782. En marzo de 2009 ascendía a 4.142 personas; es decir, 1.460 detenidos más. Las condiciones de alojamiento en las dependencias policiales continúan siendo gravosas. Al pésimo estado edilicio de los calabozos se suma la deficiente y muchas veces inexistente atención médica, la escasa provisión de comida, la imposibilidad de acceder al teléfono, la falta de colchones ignífugos y de frazadas, todo esto agravado al extremo en los casos en que hay sobrepoblación. Existen comisarías que tienen hace años órdenes de clausura y otras sobre las que pesan medidas cautelares, sin que por ello se proceda a ponerlas en condiciones y/o a cumplir medidas judiciales de antigua data. Esto es particularmente grave en los departamentos judiciales de Lomas de Zamora y Quilmes, con sentencias judiciales que se incumplen sin consecuencia alguna, responsabilidades que se diluyen y personas que permanecen detenidas en condiciones aberrantes

Reforma del estatuto policial: se sancionó un proyecto de ley que modifica el estatuto policial, formalizando la vuelta a una estructura centralizada en comisarios y regresando a la vieja estructura que se ganara el mote de maldita policía. Además de re-centralizar el mando en cabeza de un jefe policial, este nuevo proyecto desalienta la profesionalización de la fuerza y suprime el requisito de poseer título universitario para acceder a los cargos de mayor jerarquía. También modifica el sistema de ascensos de manera substancial, rompiendo el esquema de ascensos por merito y formación y retorna al ascenso por tiempo y selección, que permite mayor discrecionalidad en las decisiones fomentando los nombramientos a dedo.

Prácticas policiales, la detención por averiguación de identidad: si bien los cambios producidos en la normativa que regula las facultades y accionar de la policía de la provincia modificaron substancialmente el objetivo central de la antigua averiguación de antecedentes por uno nuevo y específico -la averiguación de identidad- han dejado en su redacción un margen amplio de discrecionalidad. Esto, sumado a la vaguedad de la previsión legal y a la ausencia de control judicial sobre dichas prácticas, permite que sea el arbitrario sentido común policial el que determine cuándo pueden ser vulnerados los derechos constitucionales a la libre circulación y a no ser detenido sin orden de autoridad judicial.

Detener más no significa detectar más delitos: en las entrevistas mantenidas con los titulares de las dependencias policiales del casco urbano de la ciudad de La Plata, la detención por averiguación de identidad fue caracterizada como una efectiva herramienta de prevención de delitos. El Estado provincial no realiza análisis ni estudios de los resultados que arroja su utilización. De los datos obtenidos a través de las actas analizadas por el Comité Contra la Tortura, surge que los sectores que más sufren la persecución policial son los de menores recursos y dentro de estos los que integran las franjas etarias que van entre los 14 y los 25 años. De un total de 658 detenciones, sólo en dos casos (0,30%) se iniciaron actuaciones por delitos tipificados en el código penal. Estos datos nos permiten poner en tensión tanto la eficacia de la aplicación de la detención por averiguación de antecedentes en la prevención y represión del delito, como el denominado sentido común u olfato policial, a la vez que reafirmar que la defensa de estas prácticas discrecionales de la policía tiene su raíz en criterios estigmatizantes y la utilidad como herramienta de extorsión en el marco de la actividad recaudatoria de la institución policial.

La implementación del Protocolo Facultativo en la Lucha contra la Tortura: Argentina ha ratificado el Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura, que cuenta con jerarquía constitucional. Esta ratificación implica el compromiso de los Estados nacional y provinciales de crear un mecanismo nacional de control de lugares de detención, a fin de prevenir la tortura. Estos mecanismos tienen por fin realizar visitas regulares y periódicas de monitoreo a lugares de detención, visitas que deben ser realizadas por órganos de expertos que cuenten con independencia y autonomía funcional y financiera del Poder Ejecutivo. Nuestro país está en mora en la implementación de estos mecanismos de control, a pesar de diferentes proyectos (uno elaborado por más de veinte organismos de derechos humanos) que se encuentran tramitando en el Congreso nacional. Por otro lado, el Gobierno nacional ha propuesto para la Procuración Penitenciaria nacional (organismo de control de cárceles federales) a una candidata que no cuenta con independencia para dicho cargo y que además ha negado la existencia de la tortura en los penales federales. Ambos aspectos marcan un retroceso en la prevención y lucha contra la tortura en nuestro país.

Miembros:

Adolfo Perez Esquivel, Hugo Cañón , Laura Conte , Aldo Etchegoyen ,Víctor Mendibil, Elisa Carca , Elizabeth Rivas , Mauricio Tenembaun , Tito Cossa,

Daniel Goldman, Luis Lima, María Verónica Piccone, Carlos Sanchez Viamonte, Martha Pelloni, Emilce Moler, Susana Méndez, Fortunato Mallimaci,

Víctor De Gennaro, Alejandro Mosquera

Consultor Académico: Leopoldo Schiffrin

PARA AMPLIAR.

HUGO CAÑON : (011) 1544901212

ADOLFO PEREZ ESQUIVEL: (011) 15 5853 8829

ROBERTO CIPRIANO : (0221) 15 601 7695

ANA CACOPARDO : (011) 15 5736 7109

Dr. Roberto F. CIPRIANO GARCIA
Coordinador
COMITE CONTRA LA TORTURA
COMISION PROVINCIAL POR LA MEMORIA

lunes, 10 de agosto de 2009

Menores en el delito: ¿el otro día del niño?

Publicó Diario Hoy
10 de agosto de 2009


Al cumplirse un año del nuevo sistema del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, Trama Urbana accedió a un relevamiento estadístico de las tres fiscalías que funcionan en La Plata. Se iniciaron más de 2.600 causas, en un 9% fueron protagonistas mujeres y más de la mitad de los delitos fueron robos


La banda de la frazada, los pibes poxi, la pandilla de la glorieta, la de plaza San Martín, la de Chucky, la de Josecito, la de Blanquito o el Rusito, las que lideran algunas “pibas chorras” caen una y otra vez. Y esa es la repercusión mediática, si tienen 30, 40 o 50 entradas en las comisarías. Pero poco se dice de las fallas del sistema, en especial del estatal, que no contiene, no resocializa, no reeduca. El fuero penal aparece incapaz por sí solo para prevenir y combatir estos delitos cada vez mayores, en manos de cada vez más menores.

Al cumplirse un año de la puesta en marcha en la Provincia el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, Trama Urbana accedió a las estadísticas producidas por las tres fiscalías de responsabilidad penal juvenil de La Plata durante el período entre el 15 de julio de 2008 y el 15 de julio de 2009.

De acuerdo al informe, se iniciaron más de 2.642 causas, de las cuales en 1.278 fueron identificados los autores, y de ellos un 9% correspondieron a mujeres.

Del informe del ministerio público se desprende que unas 700 causas los autores son punibles, y unas 330 a menores de 16 años.

De los delitos investigados, sobre un total de 402 casos, 215 corresponden a robos, 39 fueron lesiones, 36 hurtos, 20 daños, 17 amenazas, 12 resistencia a la autoridad, 11 encubrimiento, 10 por infracción a la ley de Drogas, 6 por abusos sexuales y tenencia o portación de armas y 5 homicidios. En tanto, 25 hechos fueron calificados como “otros”.

Como se recordará, a esta nueva estructura le corresponden todos aquellos casos que tengan como protagonistas a menores de edad, los cuales, si tienen entre 16 y 18 años, ahora cuentan con las mismas garantías procesales que los mayores.

La existencia del nuevo fuero fue concebida desde que, años atrás, la edad de imputabilidad de las personas fue bajada de los 18 años a los 16.

Actualmente, los adolescentes de 16 y 17 años son juzgados con los mismos procedimientos que los mayores, aunque las penas son distintas. Al fuero también le corresponde actuar cuando son
vulnerados los derechos de los menores. En esos casos, los adolescentes pueden ser alojados en las distintas instituciones que funcionan con esos fines, muchas de las cuales atraviesan serios problemas económicos.

Dos fallos polémicos

En La Plata se resolvieron dos fallos muy importantes. Uno, resuelto por el juez Fabián Cacivio, declaró la inconstitucionalidad de la detención policial. Otro, de Luis Arias, que impidió apresar a los menores por contravenciones.

De acuerdo al Comité contra la Tortura de la Comisión provincial por la Memoria, la ilegalidad de la detención de niños y jóvenes menores de edad en comisarías ha sido declarada en varias oportunidades por la Suprema Corte provincial. Sin embargo, estas normas fueron violadas cotidianamente por el personal policial de la provincia de Buenos Aires, que continuó deteniendo y alojando a niños y jóvenes en comisarías, transgrediendo su propia normativa interna. Estas aprehensiones arbitrarias e ilegales persistieron aun después de la implementación del Fuero de la Responsabilidad Penal Juvenil.

En otro orden, vale la pena destacar que desde que se puso en marcha el nuevo sistema, tanto la Suprema Corte como la Procuración advirtieron al Poder Ejecutivo que el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil se había lanzado sin los recursos presupuestarios, técnicos y humanos suficientes.

Quizás por esa situación, el sistema ya se tragó dos subsecretarias de Minoridad del ministerio de Desarrollo Social, Marta Arriola y Susana Tabolaro. También debió renunciar el ministro Daniel Arroyo.

Denuncias de malos tratos y apremios a niños y jóvenes

Esta semana, el Comité contra la Tortura de la Comisión por la Memoria provincial presentó el Informe Anual 2009 sobre violaciones a los derechos humanos ocurridas en cárceles, comisarías e institutos de menores provinciales. El documento destacó las violaciones de derechos en lugares de detención de niños y jóvenes: en conjunto, los centros cerrados y de recepción tienen capacidad para alojar 380 jóvenes en conflicto con la ley penal. Actualmente, hay 420 detenidos en centros cerrados y de recepción.

Con respecto a las muertes de jóvenes en institutos: fallecieron cuatro por presunto suicidio, la mayoría de ellos con intentos anteriores o con antecedentes de autoagresiones. Se ha podido constatar en inspecciones a los lugares de detención un alarmante crecimiento de tentativas de suicidio y de autoagresiones.

Según el informe, en algunos centros se constató que los jóvenes no pueden concurrir a la escuela el primer día de una sanción disciplinaria. De esta manera, no resulta claro para los niños si la educación es un derecho, un beneficio o una sanción. La mayoría de las instituciones cerradas que alojan jóvenes en conflicto con la ley penal cuentan con educación primaria. La educación secundaria fue implementada en el año 2008 en la casi totalidad de los centros.

El Comité contra la Tortura cuenta con su propio registro a partir de las denuncias por apremios ilegales y torturas remitidas por los jueces del fuero y funcionarios del ministerio público, en virtud de lo establecido en la acordada 2.825.

Durante 2008 se registraron 79 denuncias en perjuicio de 105 víctimas. Del total, 74 corresponden a comisarías y 5 a instituciones dependientes de la subsecretaría de Niñez y Adolescencia. De acuerdo al informe, las dependencias policiales de la jurisdicción La Plata ocupan el tercer lugar entre las comisarías más denunciadas.

Cuatro preguntas a un año de la implementación del fuero

A un año de la implementación del Fuero Penal Juvenil podemos señalar el gran avance que significa la posibilidad de que jóvenes pobres a los que se les imputa un delito se les respete el debido proceso penal, con la presencia de funcionarios especializados en el tema, la celebración de audiencias orales, cumplimiento de plazos estrictos, apelaciones, etc. Ahora bien, me surgen estas cuatro preguntas:

-¿De qué sirven todas esas garantías si no se cuenta hoy con un sistema de contención y protección robusto que trabaje a la par de la Justicia Penal? Supongo que el sistema penal en el aire, sin la presencia de los órganos de protección que prevé la ley 13.298, sólo criminaliza la pobreza.

-¿Cómo puede funcionar un sistema cuya premisa, “la detención de niños como la última posibilidad”, si medios de comunicación y sociedad alimentan imaginarios de encierro, y por momentos de extermino? Supongo que se puede trabajar bajo espasmos, pues me consta la existencia de funcionarios judiciales que se dejan llevar por la demagogia punitiva y hacen culpables a los niños pobres/excluidos (¿peligrosos?) de las omisiones en políticas públicas del Poder Ejecutivo.

-¿Cómo es posible que un sistema carcelario para la niñez, hoy colapsado y degradado, pase a ser tarde o temprano un depósito de jóvenes de entre 14 o 15 años? Supongo que bastaría con analizar el siguiente dato para pensar qué ocurriría: desde la puesta en vigencia del fuero, se ha duplicado la cantidad de jóvenes presos en institutos de la Provincia.

-¿Cómo es posible que a pesar de la vigencia de todas las garantías exista un agujero legal llamado “averiguación de identidad” que le permita a la Policía seguir llevando a comisarías a cientos de jóvenes? Supongo que, pese a que hay varios jueces que prohibieron la utilización de estas arbitrarias detenciones en niños, se siguen practicando en toda la Provincia, pues se trata de una forma naturalizada y silenciosa de control social.

(*) Julián Axat. Defensor Oficial del Fuero Penal Juvenil.

El fin de las “whiskerías”

Publicó Página|12
8 de agosto de 2009

Después de la decisión tomada en Santa Rosa, inédita en el país, General San Martín cerró los cabarets como forma de combatir la trata de mujeres para explotación sexual. El gobierno pampeano instó a vedarlos en toda la provincia.

Por Mariana Carbajal

General San Martín, una pequeña localidad de La Pampa, prohibió el funcionamiento de cabarets y whisquerías “que trabajen con alternadoras”, y se convirtió así en el segundo municipio de esa provincia en poner fin a la habilitación de locales nocturnos, que en la práctica son fachadas de prostíbulos donde se explota sexualmente a mujeres víctimas de redes de trata. Desde el gobierno pampeano, el secretario de Derechos Humanos, Rubén Funes, envió una carta a todos los concejos deliberantes de la provincia, en la que los invitan “formalmente” a seguir el mismo camino, y donde les señala “que la trata de personas es el más inhumano de los tratos”.

El primer municipio en quebrar el aval del Estado a la explotación sexual de mujeres en burdeles fue Santa Rosa, dos meses atrás, por votación unánime del Concejo Deliberante, a partir de una iniciativa del intendente Francisco Torroba, del Frepam, un frente que agrupa a radicales y socialistas. Pero en General San Martín, la derogación de la normativa local no fue consensuada: dos de los seis concejales que integran el cuerpo se abstuvieron de apoyar la reforma. Uno de ellos, Daniel Pereyra, de la Junta Vecinal Frente para el Cambio, con un argumento muy peculiar: sostuvo que antes de tomar esa decisión se debería acordar con otros municipios de la región qué hacer al respecto, “ya que de cerrar el local acá se perjudica a la gente que concurre porque van a ir a otros pueblos”, y además “se estaría perjudicando comercialmente a la localidad ya que las mujeres que trabajan (en el prostíbulo que estaba habilitado) alquilan y consumen acá”. Así consta en la “orden del día” de la sesión legislativa del 29 de julio, en la que se votó el tema, y que lleva la firma de la presidenta del Concejo Deliberante, la justicialista Claudia Moor. El otro edil que no quiso prohibir la habilitación de prostíbulos fue Alejandro Galinsky, del Frepam: consideró que es mejor que continúen abiertos con permiso municipal para poder controlarlos; es más, dijo que deberían estar habilitados en todo el país.

En General San Martín existe sólo un burdel, en la avenida de acceso al pueblo. La localidad está situada sobre la ruta 35, 180 kilómetros al sudeste de Santa Rosa. Tiene unos 3000 habitantes.

La concejal Moor fue una de las impulsoras del cambio normativo. Desde 2002 regía una ordenanza que permitía la habilitación de “whisquerías” y “cabarets”. Y otra que reglamentaba la explotación de la prostitución ajena al exigir a las “coperas”, empleadas en esos locales nocturnos, la inscripción en un registro en la intendencia, la tramitación de una libreta sanitaria, su renovación anual y la realización mensual de exámenes ginecológicos en el hospital local, Luis Agote, para detectar infecciones de transmisión sexual, cuyo fin no era otro que proteger la salud de los “clientes”. Este esquema normativo está vigente en otros municipios de La Pampa y de otras provincias como Río Negro, Misiones y Santa Cruz, a pesar de que desde 1937 están prohibidas en el territorio argentino las “casas de tolerancia” por la ley nacional Nº 12.331 de Profilaxis.

“Estábamos haciendo lícita una actividad ilícita, donde muchas veces se esclaviza a las mujeres, negándoles sus derechos. Sabemos que no vamos a poner así fin al problema de la trata de personas, pero no es lo mismo regentear un prostíbulo con una habilitación municipal en la puerta que un local clandestino”, señaló Moor a Página/12. Siete años atrás, cuando se aprobó la ordenanza que avalaba el funcionamiento de burdeles en General San Martín, Moor era secretaria de Gobierno y tenía a su cargo el Consejo de la Mujer local. “Tal vez antes no veíamos el problema como hoy. Sabemos de la existencia de redes de trata, que hay chicas desaparecidas, que organizaciones no gubernamentales están trabajando para denunciar este flagelo. Vimos lo que hizo Santa Rosa y queremos acompañar esa política”, explicó la edil. Los cuatro concejales que votaron el cambio normativo son oficialistas: el gobierno local está en manos del justicialista Raúl Zurbrigk. El intendente promulgó la ordenanza el jueves 30, un día después de su sanción. El viernes 31, el único burdel del pueblo fue clausurado, aseguró Moor.

Dos meses antes, el 28 de mayo, el Concejo Deliberante de la capital pampeana dio el primer paso en ese mismo sentido: prohibió la apertura de locales nocturnos como cabarets y whisquerías y estableció que los tres que están habilitados deben cerrar sus puertas cuando caduquen sus permisos, hecho que ocurrirá a lo largo de este año.

A partir de esa reforma, inédita en el país, una forma de decirle “no a las redes de trata” en esa ciudad, el diputado Adrián Peppino, del Frepam, presentó en la Legislatura provincial un proyecto de resolución en el que le pide al Ejecutivo de La Pampa que “arbitre las medidas necesarias” para que cese el funcionamiento de locales donde se ejerza la prostitución o se incite a ella, en el territorio de la provincia. “Partimos del eje de que ninguna mujer nace para puta. O es explotación o es trata lo que ocurre en las whisquerías o cabarets, es decir, hay delito”, indicó Peppino a este diario.

El secretario de Derechos Humanos pampeano, Rubén Funes, por su parte, dirigió a mediados de julio una nota a todos los concejos deliberantes de la provincia en la que invita a imitar la reforma normativa de Santa Rosa. “Respetamos la autonomía de los municipios pero les advertimos que la trata de personas es el más inhumano de los tratos”, dijo Funes a este diario. La Pampa es señalada en un informe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) como provincia de destino y tránsito en las rutas de las redes de trata, que suelen reclutar, con propuestas engañosas o aprovechándose de su situación de vulnerabilidad social y económica, a sus víctimas en provincias del norte argentino o en países limítrofes.

“Hay que sacarle al que más tiene”

Publicó Página|12
8 de agosto de 2009

Con un acto frente al Ministerio de Trabajo, la CTA coronó su jornada de protesta nacional. Piden una asignación universal de 300 pesos por hijo y la libertad sindical. Hugo Yasky dijo que “nos movilizamos porque somos coherentes con nuestros planteos”.

Por Laura Vales

La CTA volvió a movilizarse al Ministerio de Trabajo en reclamo de políticas de distribución de la riqueza y libertad sindical. Tras marchar por el centro porteño, desde un palco montado frente al edificio de Trabajo los dirigentes de la Central reiteraron el pedido de una asignación universal de 300 pesos por hijo. “No puede haber hambre en un país que es el primer exportador de alimentos del mundo. No basta con los discursos, hay que demostrar que se puede distribuir la riqueza, sacándole al que más tiene para darle al que menos”, sostuvo su titular, Hugo Yasky.

Además hubo protestas en las principales ciudades del interior del país. La jornada fue parte de un plan de lucha que arrancó el 22 de abril con un día de huelgas y movilizaciones, y continuó en mayo con un paro nacional.

Los gremios de estatales y docentes junto a delegaciones de movimientos sociales del conurbano fueron los protagonistas de la manifestación que salió de la esquina de Corrientes y Reconquista para ir por el Bajo hasta el ministerio.

“Esta mañana los periodistas nos preguntaban por qué marchaba la CTA, le dijimos que porque somos coherentes. Desde la fundación de la Central hicimos el compromiso de clase de luchar contra la pobreza. En el 2001 formamos parte de una consulta popular en la que más de tres millones de personas votaron por la creación de un seguro de empleo y formación que terminara con la pobreza y el desempleo”, recordó el secretario adjunto de la CTA, Pablo Micelli. “Hoy tenemos que poner a todos los dirigentes y compañeros en la calle y pelear para que no haya un pibe con hambre. No vamos a esperar que el Gobierno y los empresarios resuelvan distribuir mejor, eso es algo que hay que arrancarles.” Micelli cuestionó además a la Casa Rosada por sostener “que no hay plata para universalizar la asignación por hijo mientras pagan más de dos mil millones de dólares en intereses de la deuda externa”. “Aumentaron las reservas a 50 mil millones para darles subsidios a los empresarios, pero dicen que no tienen para resolver el problema de los pibes y de los jubilados, que son los dos sectores más vulnerables de la población.”

Junto a los tradicionales sindicatos de estatales y docentes de la CTA, se movilizaron también algunos nuevos gremios como el de trabajadores del subte y los motoqueros de Simeca, que están reclamando por su reconocimiento. En el caso del subte, el Ministerio de Trabajo dejó vencer los plazos sin firmarles los papeles de sindicato libremente inscripto (iniciaron los trámites el año pasado y se supone que la inscripción lleva no más de seis meses), y en el de Simeca los motoqueros denunciaron que el Gobierno otorgó la personería gremial a una agrupación vinculada con Gerónimo “Momo” Venegas, dirigente de los trabajadores rurales a quien en el acto se calificó de “la quinta pata de la Mesa de Enlace”.

El reclamo por la personería gremial de la CTA también tuvo un lugar en los discursos. Sobre el tema, Hugo Yasky planteó que “no se trata de una disputa de aparatos, no nos interesa la personería gremial para que crezca la caja del sindicato, sino que creemos que la organización de la clase obrera es la herramienta que nos permitirá enfrentarnos a los que gobiernan a espalda de los trabajadores y al avance de la derecha, al pensamiento conservador que es el que nos sumió en el hambre”.

Exigieron medidas que frenen los despidos y los contratos que precarizan la relación de trabajo. Yasky contó en ese sentido que en Brasil, la CUT y otras cinco centrales sindicales están trabajando por la sanción de una ley “que elimine las contrataciones, declarándolas inconstitucionales” y para que se reconozcan derechos como la estabilidad laboral. “Hay que legislar para prohibir el despido sin causa”, planteó.

Yasky cuestionó al Ministerio de Trabajo por tener cientos de empleados con contratos temporales. “No creemos en una legalidad tramposa. Es muy probable que las tercerizaciones sean legales, pero es inmoral lo que está haciendo el ministerio, que en la propia casa del Estado precariza a la gente”, dijo. A la movilización concurrieron los empleados del Correo que, más temprano, habían ocupado la sede central de la compañía del Estado, para repudiar 70 despidos en la sucursal de Monte Grande. Según denunció la Asociación de Trabajadores del Estado, los despidos fueron una represalia porque el grupo se afilió a ATE y realizó asambleas.. “Sigue vigente la vieja política de perseguir a quienes deciden organizarse en entidades sindicales ajenas a los intereses de las empresas, de funcionarios y de los gobiernos de turno”, aseguraron.

Rescataron en Cañuelas a cinco jóvenes "esclavas"

Publicó Diario Hoy
8 de agosto de 2009

Dos hermanos de 19 y 29 años y un hombre boliviano de 38 fueron detenidos ayer en Cañuelas acusados de someter a la servidumbre a cinco ciudadanas bolivianas y por infracción a la ley de Marcas, informaron fuentes policiales.

La investigación por el caso comenzó el 9 de mayo último por una denuncia anónima recepcionada en el destacamento policial Los Pozos, la que indicaba que en dos tallares se confeccionaba ropa de manera clandestina y que personas extranjeras serían sometidas a la servidumbre.

Luego de las primeras averiguaciones tomó intervención la subDDI de Brandsen y ayer, luego de dos allanamientos simultáneos realizados en dos talleres ubicados en Ombú entre Santa María y Aromos y en calle El Tala al 50, los uniformados se incautaron de etiquetas de las marcas “Chiqui”, “Estancia Chiripa” y “Luck Yoog”, prendas de vestir de niños y 17 máquinas de coser tipo industrial. Además se constató que dos mujeres de 19 años y tres de 20 vivían en uno de los talleres “en condiciones infrahumanas”, detalló un vocero policial. “En el lugar convivían con sus hijos de muy corta edad, y vivir en el lugar de trabajo y en condiciones tan precarias es ilegal, por eso fueron detenidos sus propietarios”, explicó uno de los pesquisas.

Las cinco jóvenes bolivianas serán entrevistadas hoy en calidad de testigos en la fiscalía descentralizada de Cañuelas y se procurará establecer las condiciones laborales a las que eran sometidas.

El operativo contó con la colaboración de la jefatura Departamental San Vicente.

Niños en la calle, Estado ausente sin aviso

Publicó Diario Hoy
8 de agosto de 2009

Si bien existen numerosas instituciones no gubernamentales que se encargan de brindarles contención, el Estado municipal y provincial no registra ningún tipo de planes para los más de 300 jóvenes que se encuentran en situación de calle en La Plata. Hay fallos judiciales incumplidos

Son alrededor de 350 jóvenes de entre 6 y 17 años. Algunos trabajan como limpiavidrios, otros duermen en la calle. En la ciudad no hay contención alguna para ellos. Todos están desamparados bajo el mismo Estado municipal que carece de planes para niños en situación de calle.

Muchos de ellos se juntan y toman por hogar las plazas, el bosque, y las construcciones abandonadas. Mientras se la rebuscan para sobrevivir el día a día, los funcionarios de la secretaría de Desarrollo Social los miran desde las ventanas de sus oficinas sin tomar medidas. El Municipio de La Plata cuenta con doce direcciones dentro de la secretaría de Desarrollo Social. Son dependencias como la dirección de Acción Social Directa, a cargo de Marcela López, la dirección general de Desarrollo Social coordinada por Juan Carlos del Río, y la dirección de Acción y Planificación de Programas Sociales. Entre todas las oficinas, no se pudo instrumentar ningún plan de contención para chicos en situación de calle. mientras tanto, continúa en vigencia la ley 13.298, que promueve y protege los derechos de la niñez. En la provincia de Buenos Aires fue promulgada en 2005, y pronto el Municipio de La Plata adhirió a ella. ¿Qué contempla? En principio, la creación de un parador nocturno en donde los niños puedan descansar, asearse, alimentarse, en donde se les dé un abordaje a sus problemáticas. ¿Se cumplió? No, hasta el momento.

Las sanciones no son suficientes

En 2007, el juez del fuero Contencioso Administrativo de La Plata Luis Federico Arias interpuso una medida contra el Municipio y el gobierno provincial por incumplir esta ley. “La Justicia exigió que hubiera un servicio local tal como establece la ley de Promoción y Protección de los Derechos de la Niñez”, explicó en diálogo con Hoy.

Encomendaron dos vehículos para el traslado de operadores de calle que asistan a los niños en situación de calle, para separarlos de las fuerzas de seguridad. También se estableció la creación de un 0-800 para que la gente pueda denunciar cuando ve niños desamparados. Hoy en día, el que se encarga de los niños en situación de calle es el 911. “La Policía es la que hoy se encarga de sacarlos de la calle, lo que es sinónimo de la criminalización de éstos”, entendió el Dr. Arias.

“Lo que no logran ver es que estar en situación de calle no es ser un delincuente. Pero, en vez de contenerlos, se los desprotege”, agregó el magistrado. Y señaló los numerosos inmuebles que pertenecen al Municipio, que podrían utilizarse para crear el parador nocturno reglamentario.
¿Cuál es la vía para cuando nada se cumple? Las sanciones. Se aplicaron multas de dinero para los funcionarios a cargo que incumplieron, y lo siguen haciendo, en lo que la ley dictamina. Pero a ellas, los propios poderes públicos le interpusieron recursos “astreites” para dejarlas sin efecto.
Arias, a su vez, realizó una denuncia penal, “pero la Justicia no investiga a los políticos cuando cometen el crimen de dejar en la calle a los más vulnerados”, explicó.

“Ningún pibe nace chorro”

La Asamblea Permanente de los Derechos por la Niñez cumplió un año de funcionamiento el 25 de julio pasado. Lleva adelante tareas para abordar la contención de sectores infantiles desatendidos por el Estado, que es el que debería asistirlos. Su labor, según contaron a Hoy sus integrantes, comenzó al ver agotadas las instancias de diálogo con las autoridades competentes. “Nos ningunearon todo el tiempo, haciendo caso omiso a la persecución que sufren los niños en la calle, que la única presencia con la que cuentan es con la de la Policía”, manifestó en diálogo con Hoy Ricardo De Udaeta.

“En La Plata es necesario que se aplique en forma urgente la ley 13. 298, que se implemente una política pública que trascienda los pequeños grupos de pibes, y que en el Concejo Deliberante se implemente la convocatoria de las organizaciones que están trabajando por fuera del Estado, para llevar adelante tareas de prevención”, insistió Ricardo, subrayando que “existe muy poco control del Municipio sobre los comercios que, por ejemplo, venden pegamento a los niños”.

En La Plata no hay atención directa del Estado, ni ningún espacio que se dedique al abordaje de estos sectores. “¿Hasta cuándo? Ningún pibe nace chorro”, consignan desde la Asamblea.

Hoy intentó comunicarse con las autoridades de la secretaría de Desarrollo Social, pero los funcionarios no quisieron dar su versión sobre esto. Las condiciones de vida que presentan los niños en situación de calle son desesperantes. Sólo la ayuda y solidaridad de los grupos de voluntarios parecen calmar un poco esta situación.